Aumenta la violencia contra menores en España

Hoy es el Día Internacional contra el Maltrato Infantil y desde la Fundación Anar (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo) dan a conocer un terrible dato: la violencia contra menores de edad crece en nuestro país un 13,6% en el último año. Dicha fundación tiene un servicio de atención telefónica a niños, niñas y adolescentes, que en 2012 recibió 324.643 llamadas, un 67% más que en 2011. El teléfono ANAR recibe dos tipos de llamada, según confirma el director de la Fundación, Tomás Lagunas: las llamadas de orientación, en las que se resuelven dudas, se aconseja o se da información, y las llamadas de orientación especial, en la que intervienen psicólogos que valorarán la situación y en un momento dado derivarán la llamada a los trabajadores/as sociales, abogadas/os y psicólogas/os de la entidad. Durante el año pasado hubo 428 intervenciones urgentes por situaciones muy graves en las que los niños o niñas que llamaron al teléfono de ANAR estaban en grave riesgo.

Los teléfonos de ANAR son 900 20 20 10  (desde cualquier lugar de España) y 116 111  (desde las Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Navarra, La Rioja, Madrid, Región de Murcia, y Ceuta y Melilla).

La Fundación ANAR atendió  en 2012 a 1.778  niños y adolescentes víctimas de la violencia, distribuidos del siguiente modo:

El perfil de los agresores se distribuye del siguiente modo:

El informe revela también que el 43,5% de las personas atendidas han sufrido algún tipo de violencia durante más de un año, y un 4% de forma diaria. Así mismo, destaca el especial incremento en las cifras de violencia de género en parejas jóvenes en los últimos años, habiendo registrado casos de niñas de 13 y 14 años maltratadas por sus parejas: «67,4% de las menores atendidas no son conscientes de que están siendo víctimas de violencia de género», afirma Benjamín Ballesteros, director de programas de ANAR.

Si queréis conocer todos los datos podéis descargaros el informe completo AQUÍ.

En este día contra el maltrato infantil la Fundación ANAR lanza una novedosa campaña publicitaria en marquesinas basada en un sistema llamado MUPI que permite a los niños ver un mensaje que los adultos no podemos ver. En este vídeo explican un poco más sobre como funciona este sistema, que sin duda me parece un gran éxito ya que aunque el o la menor vayan acompañados de su agresor (adulto), podrá ver un mensaje dirigido sólo a él o ella. No os perdáis el vídeo de campaña:

Recordad que el número de ANAR ofrece asistencia las 24 horas. Además, desde 2010 funciona también el Teléfono ANAR para casos de niños/as desaparecidos: el 116000. Se trata de un número único armonizado por la Unión Europea para ofrecer apoyo emocional a las familias las 24 horas, así como asesoramiento jurídico y social, ayuda a las denuncias y conexión inmediata con Policía y Guardia civil.

También pone a disposición otro número de teléfono para el Adulto y la Familia: 600 50 51 52.

Un millón de firmas por el pluralismo en los medios de comunicación europeos

La organización Alternativas Europeas Valencia nos ha hecho llegar información sobre un evento que están organizando para el próximo 25 de abril. Nos ha parecido tan interesante que lo hemos querido compartir en el blog. El evento, que se llama «Por el Pluralismo en los Medios de Comunicación» se celebrará en el marco de lo que se ha llamado Iniciativa Europea por el Pluralismo en los Medios, acción ciudadana transnacional que pretende recoger un millón de firmas para que la UE garantice por ley la independencia y el pluralismo en los medios de comunicación europeos. Alternativas Europeas lleva a cabo esta movilización junto con otras organizaciones y asociaciones de la prensa. En España es la Fundación Civiliter el primer socio español de esta Iniciativa Europea por el Pluralismo en los Medios.

En la propuesta que se pretende elevar a la Comisión Europea, se exige que ésta elabore una Directiva que garantice cuatro puntos fundamentales:

a) Una legislación eficaz para evitar concentración de la propiedad en los medios de comunicación y publicidad.

b) Garantizar la independencia del poder político de los órganos de supervisión y control.

c) Una definición de ‘conflicto de intereses’ para evitar que directivos y propietarios de los medios ocupen altos cargos políticos.

d) Un sistema claro de monitoreo europeo para comprobar regularmente la salud y la independencia de los medios de comunicación en los Estados miembros.

Si quieres firmar para ayudar a conseguir el millón de firmas, puedes hacerlo AQUÍ.

¿Quién cuenta la realidad de los conflictos?

La pasada semana saltaba de nuevo a la actualidad informativa la propuesta del gobierno en el el anteproyecto de ley de acción exterior, actualmente en trámite de consulta y por el que se prevé la exigencia de un reembolso económico en caso de que el Estado deba pagar rescate cuando personas son secuestradas en países no recomendados para viajar.

“Cuando el Gobierno, en una situación de emergencia consular, decida intervenir en operaciones de asistencia en el extranjero, que comporten la utilización de recursos presupuestarios del Estado, podrá exigir el reembolso de la totalidad o parte de los mismos a quienes se hayan expuesto voluntariamente a riesgos sobre los que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación informa en sus recomendaciones de viaje, publicadas y actualizadas puntualmente, en relación con las condiciones de seguridad en los distintos países y regiones del mundo”.

Fuente: El País

Obviamente, los principales afectados en este asunto son las personas que se dedican a la cooperación internacional y el periodismo que trabajan en zona de conflicto. No obstante, fuentes diplomáticas han negado este punto, ya que además el pago de rescate nunca es reconocido oficialmente por el gobierno. Sin embargo, sí podrían ser reembolsables los servicios que se pagan durante el proceso de secuestro y liberación de rehenes.

El pasado mes de julio el gobierno decidió repatriar a los cooperantes que trabajaban en Tinduf al tener «motivos fundados» de que éstos iban a ser el centro de varios ataques. Varios cooperantes decidieron quedarse. El gobierno dejó claro en su momento que si se quedaban, lo harían bajo «su responsabilidad».

Al hilo de esto, recordé un magnífico documental que pudimos ver hace un par de semanas en La Noche Temática de La 2 (TVE). «Los ojos de la guerra» es un reportaje en defensa de los derechos humanos y la denuncia de la violación de éstos a través de los ojos de quienes se dedican al periodismo de guerra.

Tanto periodistas como cooperantes que trabajan en zonas de conflicto son al final casi los únicos actores independientes que pretenden contarnos lo que realmente ocurre en las zonas a las que nadie quiere ir y se veta la entrada a quienes se atreven a contarlo.

Pareciera que los Estados, amparándose en la seguridad de sus nacionales, quisiera que no existieran testigos de las guerras, de las violaciones de derechos humanos, de las atrocidades que aunque no queramos ver, existen más de lo que imaginamos. No ocurre tan lejos de nuestras fronteras, y en un mundo globalizado los Estados deberían preocuparse por la salvaguarda de los derechos humanos y de la paz a nivel mundial, y no tanto de callar bocas y esconder realidades, porque alguien pudiera llegar a preguntarse por qué no interesa que se cuente la verdad, qué intereses son los que se defienden.

La falta de cooperantes internacionales provoca muertes, puede generar falta de seguridad para la población local, riesgo para los fondos económicos de los proyectos en marcha y en el peor de los casos, eliminación total de esos fondos, necesarios para el desarrollo de las zonas en las que trabajan las ONG. Muchas organizaciones, ante la situación, han decidido rebajar el número de expatriados y sustituirlos por personal local. Llegados a este punto, ¿qué opináis? ¿Es una oportunidad para que la población pueda empoderarse o por el contrario supone mayor inseguridad para la consecución de los proyectos de desarrollo?

Sobre el racismo y la xenofobia en España

El próximo 21 de marzo se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Se eligió este día porque un 21 de marzo de 1960 en Sharpeville (Sudáfrica) la policía mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra el apartheid. Seis años después la Asamblea General de la ONU instó a la Comunidad Internacional a redoblar esfuerzos para luchar y eliminar toda forma de discriminación racial.

Más de 50 años después, sin embargo, la discriminación racial no sólo no ha desparecido sino que el sistema capitalista en que vivimos, y el momento actual de crisis que atravesamos, parece que no ha hecho más que acentuar esa discriminación.

No hay más que irse a Grecia, donde el partido ultraderechista y xenófobo Amanecer Dorado obtuvo en las elecciones de mayo de 2012 21 diputados y el 7% de los votos. En las elecciones siguientes, un mes después, obtuvo 18 diputados y el 6,9% de los votos: quizás este leve descenso se produjo por la alarma surgida en Europa y el mundo a raíz de la presencia de grupos de ideología nazi en el parlamento. Sin embargo, la fuerza de este partido, creado en los años 80, no deja de tomar cada vez más fuerza: repartiendo comida entre personas necesitadas griegas de nacimiento, por ejemplo, y lo último: con la creación de “Médicos con Fronteras”, una red creada por el mismo partido para dar asistencia sanitaria a “griegos de pura raza” que han perdido la cobertura médica pública.

España, un país en el que el 12% de la población es extranjera, tampoco se libra de esta ola de racismo. En el informe de 2011 «Evolución del racismo y la xenofobia en España» se afirma que no se aprecia un aumento de los niveles de racismo en la población a partir del recrudecimiento de la crisis, ni una ampliación de los discursos contrarios a la inmigración se ha traducido en una mayor reivindicación de control migratorio; sin embargo la población exige cada vez más restricciones hacia las personas que solicitan asilo político. La población española ofrecen menos rechazo a las personas migrantes si éstas tienen trabajo o si saben adaptarse a las costumbres locales. Según el informe, son preocupantes los niveles de islamofobia en nuestro país. También se ve un leve crecimiento en cuanto a la opinión de que los inmigrantes tienen la culpa de las cada vez menos ofertas laborales así como del acceso a los recursos públicos («acaparan ayudas y no aportan»).

¿Los recortes provocan malas prácticas en las ONG?

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) son todos los desembolsos netos de créditos y donaciones realizados según criterios del OCDE, con el fin de mejorar las economías y condiciones de vida de países menos adelantados a través de políticas y préstamos de las instituciones de crédito de Naciones Unidas. Los países donantes acordaron destinar el 0,15% de su PNB a los países menos adelantados y a aquellos que requieran una atención especial. La AOD es una obligación que los Estados firmantes de la Carta de las Naciones Unidas de 1945 adquieren como compromiso.

Art. 1.3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.

Hay países que inicialmente recibían ayuda y actualmente han pasado a ser países donantes, como ha ocurrido con India desde el año 2011. Pero no hay que irse tan lejos: España fue beneficiaria de esas ayudas hasta 1983, después pasó a convertirse en país donante. Al paso que vamos, quién sabe si algún día volveremos a ser receptores.

En España, existe una Agencia de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y múltiples agencias autonómicas, locales, universitarias… que llevan a cabo la cooperación descentralizada. Sin embargo, desde el inicio de la crisis allá por 2008 y especialmente a partir del año 2011 los recortes en cooperación al desarrollo han sido de los más importantes de entre todas las partidas. Concretamente desde 2011 la financiación para proyectos de desarrollo ha disminuido más de un 70%, con la consecuente crisis en el tercer sector, lleno de personas abocadas al paro y de organizaciones que luchan por no desaparecer.