La pasada semana saltaba de nuevo a la actualidad informativa la propuesta del gobierno en el el anteproyecto de ley de acción exterior, actualmente en trámite de consulta y por el que se prevé la exigencia de un reembolso económico en caso de que el Estado deba pagar rescate cuando personas son secuestradas en países no recomendados para viajar.
“Cuando el Gobierno, en una situación de emergencia consular, decida intervenir en operaciones de asistencia en el extranjero, que comporten la utilización de recursos presupuestarios del Estado, podrá exigir el reembolso de la totalidad o parte de los mismos a quienes se hayan expuesto voluntariamente a riesgos sobre los que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación informa en sus recomendaciones de viaje, publicadas y actualizadas puntualmente, en relación con las condiciones de seguridad en los distintos países y regiones del mundo”.
Fuente: El País
Obviamente, los principales afectados en este asunto son las personas que se dedican a la cooperación internacional y el periodismo que trabajan en zona de conflicto. No obstante, fuentes diplomáticas han negado este punto, ya que además el pago de rescate nunca es reconocido oficialmente por el gobierno. Sin embargo, sí podrían ser reembolsables los servicios que se pagan durante el proceso de secuestro y liberación de rehenes.
El pasado mes de julio el gobierno decidió repatriar a los cooperantes que trabajaban en Tinduf al tener «motivos fundados» de que éstos iban a ser el centro de varios ataques. Varios cooperantes decidieron quedarse. El gobierno dejó claro en su momento que si se quedaban, lo harían bajo «su responsabilidad».
Al hilo de esto, recordé un magnífico documental que pudimos ver hace un par de semanas en La Noche Temática de La 2 (TVE). «Los ojos de la guerra» es un reportaje en defensa de los derechos humanos y la denuncia de la violación de éstos a través de los ojos de quienes se dedican al periodismo de guerra.
Tanto periodistas como cooperantes que trabajan en zonas de conflicto son al final casi los únicos actores independientes que pretenden contarnos lo que realmente ocurre en las zonas a las que nadie quiere ir y se veta la entrada a quienes se atreven a contarlo.
Pareciera que los Estados, amparándose en la seguridad de sus nacionales, quisiera que no existieran testigos de las guerras, de las violaciones de derechos humanos, de las atrocidades que aunque no queramos ver, existen más de lo que imaginamos. No ocurre tan lejos de nuestras fronteras, y en un mundo globalizado los Estados deberían preocuparse por la salvaguarda de los derechos humanos y de la paz a nivel mundial, y no tanto de callar bocas y esconder realidades, porque alguien pudiera llegar a preguntarse por qué no interesa que se cuente la verdad, qué intereses son los que se defienden.
La falta de cooperantes internacionales provoca muertes, puede generar falta de seguridad para la población local, riesgo para los fondos económicos de los proyectos en marcha y en el peor de los casos, eliminación total de esos fondos, necesarios para el desarrollo de las zonas en las que trabajan las ONG. Muchas organizaciones, ante la situación, han decidido rebajar el número de expatriados y sustituirlos por personal local. Llegados a este punto, ¿qué opináis? ¿Es una oportunidad para que la población pueda empoderarse o por el contrario supone mayor inseguridad para la consecución de los proyectos de desarrollo?
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